La intervención de la Agencia Federal de Inteligencia

Por Cristina Caamaño.

Ex fiscal de Instrucción - Ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia - Presidenta de Justicia Legitima - Docente en la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo.

Cuando asumí como interventora de la Agencia Federal de inteligencia, aquel 23 de diciembre de 2019, me acompañaban tres funcionaries del Ministerio Público Fiscal. Con ellos fuimos armando el equipo de la Intervención y con ellos realizamos el diagnóstico al inicio de la gestión. La primera conclusión fue que la Mesa Judicial y el espionaje ilegal que se desarrollaba en la agencia, estaban amparados en una interpretación maliciosa del ahora modificado artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional, que permitía a la Agencia realizar actividades de inteligencia ilegal detrás de una supuesta asistencia al servicio de administración de justicia en causas vinculadas a delitos complejos.

El presidente decidió, entonces, prohibir esas relaciones promiscuas entre jueces, juezas, fiscales, fiscalas, funcionarios y funcionarias judiciales y la AFI. Esa decisión fue central para la normalización institucional que realizamos, junto a otros organismos del Poder Ejecutivo que colaboraron en la misión de transformar a la Agencia Federal de Inteligencia en un organismo público que cumpla con la ley y rinda cuentas a los ciudadanos y las ciudadanas sobre sus actividades y los recursos públicos asignados para su funcionamiento.

Esta fue, la primera reforma judicial implementada por el presidente Alberto Fernández.

La Agencia hoy tiene las bases institucionales para la producción de inteligencia estratégica, necesaria para la toma de decisiones de las máximas autoridades nacionales.

Como parte de esta política, se fortaleció el trabajo de Cooperación Internacional, con el objetivo de institucionalizar el vínculo con los organismos de otros países, siempre con una perspectiva multilateral, en consonancia con los lineamientos de la política exterior de nuestro país. En ese sentido, mantuve reuniones de alto nivel con los titulares de los organismos de inteligencia de las principales potencias del mundo, quienes se mostraron interesados con el proceso de reforma que llevamos adelante. Incluso, pude comprobar que muchos de ellos están tomando decisiones muy similares a las reformas impulsadas por nosotres, lo que demuestra que el programa que nos impusimos era el correcto.

Al inicio de la gestión, el descontrol era tal, que nos encontramos con que más del 99% del presupuesto se ejecutaba sin ningún tipo de control. Esto era posible porque el macrismo había revertido los avances implementados en 2015 por la entonces presidenta y hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a través de los Dres. Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, que buscaban reducir a niveles estrictamente necesarios los gastos reservados. La gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani administró a la Agencia como una caja sin ningún tipo de explicación sobre su ejecución, asignación, prioridades y, mucho menos, rendición. Hoy, puedo decir con orgullo, que menos del 10% del presupuesto de la Agencia corresponde a gastos reservados.

También los principales servicios de inteligencia de las potencias presentan información detallada y accesible sobre el destino de sus fondos. Está claro que una parte debe mantenerse resguardada para evitar que otros actores conozcan determinadas acciones y prioridades y así evitar que se perjudiquen los intereses nacionales. Sin embargo, no encontramos justificación para ocultar información sobre los servicios básicos e insumos (el papel higiénico, las resmas de papel, las lapiceras, etc., se adquirían con fondos reservados, un tipo de asignación presupuestaria prevista como excepción para cuestiones muy puntuales vinculados a la seguridad nacional)

 

Los fondos de la AFI

Pusimos manos a la obra para, con la asistencia técnica de otros ministerios, realizar una profunda reforma institucional. Para ello, incorporamos los mecanismos de control habituales en la Administración Pública Nacional y mejoramos el cumplimiento de los previstos en la normativa específica.

Haremos un repaso de las principales medidas:

-      A diferencia del resto de las dependencias de la administración pública, la AFI no tenía una Unidad de Auditoría Interna, coordinada por la Sindicatura General de la Nación. Fue uno de los primeros acuerdos llevados adelante. Con alegría, uno de los últimos informes que recibí de la Sigen, indicaba el cumplimiento de las metas propuestas.

-      Se realizó la apertura presupuestaria, de modo tal que la ejecución se informa a través de la Oficina Nacional de Presupuesto. Esta decisión representó un hito de la Intervención.

-      Se implementó el Protocolo de Gastos Reservados, que establece un mecanismo para la solicitud, uso y rendición de los fondos cuyo destino permanece resguardado. Para ello, los responsables de las áreas de inteligencia deben fundar el pedido; indicar en el marco de qué Directiva de Inteligencia se realizarán las actividades; registrar qué agentes participarán, y realizar un informe posterior que permita justificar esa asignación.

-      Los salarios eran abonados en efectivo, en un sobre identificado con un alias. En términos concretos, los empleados y las empleadas de la AFI percibían sus remuneraciones en negro. Mediante un convenio específico con el Banco Nación, que prevé mecanismos de confidencialidad particulares, logramos que el personal cobre a través de una cuenta sueldo, tal como establece el Decreto 1187/12. Ahora todes tienen su tarjeta de débito, como corresponde a cualquier trabajador y trabajadora.

-      Los pasajes y servicios turísticos se contrataban de forma discrecional con agencias de turismo privadas, por los que se pagaban hasta tres veces más de los precios ofrecidos por Aerolíneas Argentinas, contraviniendo lo previsto por el Decreto 1191/12. Para ello, firmamos un convenio específico con la línea aérea de bandera y su operadora turística.

-      El combustible y los lubricantes de la flota de vehículos se adquiría en efectivo en cualquier estación de servicio de cualquier petrolera. El Decreto 1189/12 establece que la Administración Pública Nacional debe proveerse a través de YPF, y así lo hace la AFI por un convenio que también tiene previstas determinadas medidas de seguridad adicionales para evitar que los vehículos sean identificables.

-      Con la colaboración del Ministerio de Economía, implementamos un sistema de gestión de expedientes digitales, de modo que todos los trámites internos tengan un registro, trazable que permita identificar qué dependencias intervinieron desde el inicio hasta la conclusión. Esta había sido uno de los primeros requerimientos de la Unidad de Auditoría Interna.

-      Se implementó el Código de Ética Pública de la Agencia, con la colaboración de la Oficina Anticorrupción y la Secretaría de Gestión y Empleo Público.

-      Se firmó un convenio con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal de modo de agilizar los trámites y proteger la información sensible.

 

La inteligencia ilegal

En cuanto a actividades de inteligencia, la Intervención de la AFI se encontró con un organismo organizado para el Lawfare. Descubrimos un andamiaje jurídico, presupuestario y operativo destinado a reunir información ilegal sobre partidos políticos, organizaciones sociales, dirigentes opositores, periodistas, sindicatos, familiares del ARA San Juan y todo aquello que pudiese al menos incomodar al ex presidente Mauricio Macri. El espionaje llegaba incluso a integrantes de su propio gobierno, muy cercanos a él. A medida que fuimos encontrando las pruebas, realizamos las denuncias penales correspondientes. Es imposible plantear una escala de asombro frente al horror. Pero sin dudas los seguimientos a las familias de los submarinistas que fallecieron en el ARA San Juan tuvieron un impacto sobre todos y todas, porque mientras el Estado no podía responder qué había sucedido con la nave y su tripulación, el mismo Estado espiaba a quienes solamente pedían por sus seres queridos.

Sin embargo, el video de la reunión conocida como GestaPRO es quizás la muestra más acabada de Lawfare. Allí, se veía a funcionarios públicos, empresarios y agentes de inteligencia tramando una operación ilegal contra un sindicalista. Además, se podía escuchar a un ministro de Trabajo expresar su deseo de echar y/o sacar estabilidad a los empleados públicos. Esa es la base del Lawfare: perjudicar, quitarle derechos, y precarizar a los trabajadores y las trabajadoras para aumentar la tasa de ganancia y la concentración empresarial.

Como interventora, implementé un protocolo de Directivas de Inteligencia que establece claramente cuáles deben ser los temas de interés para la AFI e instaura un tiempo para la elaboración de esa información. De modo que la máxima autoridad del organismo es quien decide qué se hace y así evitar esquivar responsabilidades ulteriores.

En paralelo (y a esto me referí más arriba cuando conté que los salarios se abonaban en negro) nos encontramos con que la totalidad de los y las agentes de la AFI se identificaban con un “nombre supuesto”. Esta costumbre nada tenía que ver con las identidades de cobertura que se implementan ante una operación específica para proteger al agente. Por eso, hoy, el personal de la AFI es identificado con sus nombres reales, perciben sus salarios con sus nombres reales y solamente ante situaciones puntuales puede implementarse una determinada cobertura.

 

Los archivos de la Ex-SIDE

Como militante política y del movimiento de Derechos Humanos argentino, tomé la decisión de realizar una detallada búsqueda y análisis de documentación relacionada al Terrorismo de Estado y específicamente al rol de los servicios de inteligencia. Para ello, convocamos a profesionales con formación y experiencia en este tipo de archivos. El objetivo no solamente era saber qué documentación había, sino aportarla a las causas por delitos de lesa humanidad en trámite información útil. Un ejemplo de buenas prácticas fue el trabajo realizado en conjunto con Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Memoria Abierta en relación con el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti. Esa articulación entre Estado y sociedad civil nos permitió identificar a un ex agente que no formaba parte de los registros judiciales ni de los organismos. Esta información fue aportada al juez Daniel Rafecas, quien tiene a su cargo dicha investigación.

Apenas asumimos, nos encontramos con más de 250 mil fichas que contienen partes de inteligencia y otro tipo de información sobre personas y organizaciones. Además, identificamos más de un millón de fojas en formato papel, relevante para aportar a la reconstrucción histórica del organismo y también su participación en los distintos procesos represivos de nuestra historia. Creamos entonces, la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, integrada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; el Archivo Nacional de la Memoria; el Archivo General de la Nación; y organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Memoria Abierta, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Producto de ese trabajo, se firmó un convenio con la Casa de Moneda para la digitalización de los archivos, lo que permitirá mejorar la búsqueda y el acceso a la información.

 

Una política con perspectiva de género

Otra decisión fue la implementación de una serie de medidas para imprimirle a la gestión perspectiva de género. Para ello, firmamos un convenio con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad e instamos al personal a realizar las capacitaciones necesarias para cumplir con la Ley Micaela.

Además, creamos el Programa Integral de Géneros que implementó un protocolo específico para el abordaje de situaciones de violencia. En poco tiempo, el equipo se transformó en una referencia para las agentes que sufrieron maltrato.

 

Profesionalización

Desde la Escuela Nacional de Inteligencia implementamos un plan de capacitación permanente para profesionalizar al plantel de la AFI y de todo el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Se implementó el Curso Básico de Ingreso (CBI), además de cursos regulares con contenidos específicos y diplomaturas. También colaboraron en nuestras capacitaciones específicas, agentes extranjeros.

 

Balance político

La Intervención de la Agencia Federal de Inteligencia fue una de las decisiones más valientes del gobierno del Frente de Todos. Nuestro movimiento político tiene en su haber reformas que forman parte del proceso de profundización de nuestra democracia. Néstor Kirchner nos legó en esta materia la consolidación de la conducción civil de las Fuerzas Armadas, cortando para siempre con la herencia de la última dictadura cívico-militar. Cristina Fernández de Kirchner avanzó sobre la autonomía de las fuerzas federales de seguridad, con la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación (del que tuve la distinción de ser parte). Ahora, Alberto Fernández realizó una reforma estructural de la Agencia Federal de Inteligencia para transformarla definitivamente en un organismo de la democracia y para la democracia.

Considero que cumplimos con el mandato presidencia y sabemos, que mi sucesor, el Ingeniero Agustín Rossi, ya con la agencia normalizada,  profundizará este camino con más profesionalización, transparencia y respetando el estado de derecho de toda la ciudadanía.