BARRIOS POPULARES Y SU EXCLUSIÓN 3.0 EN LA CIUDAD
Por Dr. Mariano Bermúdez. Presidente de la Comisión de Derecho Digital y Nuevas Tecnologías (AABA). Especialista en Derecho Informático.
👉 En primer lugar desde la CAP (Corrientes de Abogados Porteños) queremos repudiar los graves hechos de público conocimiento acontecidos el día 29 de junio del corriente, donde empleados del Gobierno de la Ciudad, quienes se trasladaban en una camioneta perteneciente al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) agredieron y amenazaron a trabajadores de la red comunitaria “Soldati Conectada”, que se encontraban instalando fibra óptica en el Barrio Carrillo en el marco del “Programa de Conectividad en Barrios Populares” del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), destruyendo las conexiones realizadas por los vecinos y vulnerando el derecho a la conectividad, siendo este un derecho humano reconocido internacionalmente.
Asimismo queremos prestar nuestra adhesión a la
denuncia realizada por legisladores del Frente de Todos de la Legislatura
porteña quienes a su vez exigieron la intervención del Ministro de Justicia y
Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, como también brindar nuestra mayor
solidaridad a los trabajadores y vecinos agredidos.
Dicho esto, para entender la gravedad de la
situación debemos desarrollar brevemente algunos conceptos, toda vez que, más
allá de los perjuicios que tienen en sí mismo los hechos denunciados, su
impacto negativo se traslada al proceso de inclusión de los barrios populares,
negándoles el derecho a la educación, información, conocimiento, cultura, lo
que se traduce en mayor exclusión de los barrios, por decisión del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
El derecho a la conectividad como derecho humano:
Actualmente vivimos en lo que se denomina como
“Sociedad del Conocimiento y de la Información”, entendiendo a tal concepto
como la aplicación de las nuevas tecnologías sobre el flujo masivo de
información transferido a través de internet, con el objeto de obtener nuevos
conocimientos que sin la implementación de dichas tecnologías no sería
posible.
Ahora bien, estos conocimientos impactan en los
ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, educativos, y en un
espacio virtual, siendo cada vez es mayor el trasvasamiento del plano físico al
virtual.
Dada la importancia de este fenómeno, la ONU, como
otros tratados internacionales a los que Argentina suscriben reconocen el
derecho de acceso a internet como un derecho humano y digital que posee toda
persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de
expresión, a la educación, a la información, al entretenimiento, a la cultura y
al conocimiento. En este sentido, según los fundamentos plasmados en el Decreto
690/2020 que declara el acceso a internet como servicio público, conforme se
detalla en el párrafo siguiente, se menciona que “el Consejo de
Derechos Humanos de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) adoptó
mediante la Resolución A/HRC/20/L13 del 29 de junio de 2012, referida a la
Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, en el
punto referido a la Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en
Internet el reconocimiento a “la naturaleza mundial y abierta de Internet como
fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus
distintas formas”, exhortando “…a los Estados a que promuevan y faciliten el
acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de
los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en
todos los países.”
Internet como servicio público:
A la luz de lo expuesto, por medio del Decreto
690/2020 el Poder Ejecutivo otorgó el carácter de servicio público al acceso a
internet. En tal sentido en el art. 1º se establece que “... los Servicios de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las
redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de
servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia…”
designando como autoridad de aplicación al Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM).
El Programa de Conectividad en Barrios Populares
del ENACOM:
Actualmente la conexión a internet se concentra en
los sectores de mayor desarrollo y actividad económica, pero no en los barrios
postergados y populares, con lo cual el Estado Nacional actual entendió la
importancia de llevar a cabo un plan de conectividad que llegue a los sectores
más vulnerables. Para ello lanzó el Programa de Conectividad en Barrios
Populares del ENACOM que tiene por objeto “el desarrollo de la
infraestructura de conectividad necesaria para que los barrios populares, sus
organizaciones y habitantes, en sintonía con la construcción de una ciudadanía
plena y en igualdad, puedan acceder a los servicios esenciales que el Estado
nacional ha definido como prioritario garantizar”. Así también implica el
financiamiento para afrontar mano de obra, equipamiento y software; inversiones
en materiales e insumos, tendido de la red actual, además de inversiones en
infraestructura como cables, postes, mástiles, torres autosoportadas, antenas,
equipamiento de energía, entre otros.
Por otro lado, y para ir cerrando el presente,
deviene pertinente contemplar la diferencia existente en la Ciudad entre
quienes tienen acceso a conectividad en comparación con las que permanecen sin
acceso, lo que produce el aumento de los efectos negativos de la crisis actual
a largo plazo para los grupos vulnerables. Cabe destacar que la zona norte de
la Ciudad de Buenos Aires incluyendo a los barrios como Villa Urquiza, Villa
Crespo, Palermo, Recoleta, Agronomía y Parque Centenario concentran la mayor
parte de conectividad, mientras que la zona sur, Soldati, Barracas, La Boca,
Parque Avellaneda y Liniers resultan ser los barrios más postergados en este
sentido.
El acceso a internet tal como se menciona arriba,
es una forma de reducir la brecha existente gracias a la difusión y
democratización de conocimientos, fortaleciendo la educación y cultura de los
habitantes. Resultan incomprensibles las acciones llevadas a cabo por el
Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) del Gobierno de la Ciudad,
atentando contra el desarrollo de los barrios populares.
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